Ayer tuve el enorme privilegio de tomarme un café con un joven de Guadalupe y compartir un rato de charla. Me comentaba este buen amigo que después de formarse, de dedicar un gran esfuerzo en especializarse en un determinado campo, estaba un tanto desesperado por la falta de oportunidades, y especialmente por la precariedad laboral que existe en nuestro mercado de trabajo. Me dolió sobremanera una frase que espetó en un momento de nuestra conversación y que decía textualmente «Si no logro algo pronto en cuestión de meses tendré que irme a Francia».
Desgraciadamente la salida del mercado laboral de nuestros jóvenes, la falta de oportunidades y la sangría del desempleo juvenil -especialmente en los ámbitos rurales- debe preocuparnos y mucho a todos. Es una emergencia nacional que parece no tener visos de solución, y creo que estamos asistiendo a un nuevo drama que está derivando en una emigración masiva, que recuerda a otros tiempos pasados y que corrobora la tendencia de que los jóvenes españoles están empezando a cambiar de aires y buscar otras oportunidades fuera de su región o incluso de su país.
La realidad que estamos viviendo también se refleja en el informe «Juventud Necesaria que el Consejo de la Juventud de Españaha publicado , corroborándose los datos y ofreciéndonos algunas claves a tener muy en cuenta: «España tiene el segundo para juvenil más alto de la Unión Europea», «218.000 jóvenes han abandonado el país desde 2009» y «la emigración europea de nuestros jóvenes le podría costar al estado 57.000 millones de euros».
Os invito a sacar un hueco y echarle un vistazo al informe, especialmente a las conclusiones del mismo que se presentan a partir de la página 58 del documento y que son demoledoras y muy a tener en cuenta, a la hora de planificar políticas y estrategias concretas que afecten a los jóvenes y al empleo juvenil.
Para los autores del estudio, los sociólogos Daniel Sorando y Stéfano de Marco, en el peor de los escenarios, según los cálculos del estudio, en 2024, España perdería el equivalente al 3,4% del PIB a niveles de 2013 en inversión de educación no aprovechada y al mismo tiempo dejaría de recaudar impuestos por la falta de esos jóvenes por un equivalente al 2,2% del PIB de 2013.
Además de las consecuencias económicas, el documento estima el impacto a nivel demográfico de los actuales niveles de desempleo juvenil y confirma el efecto restrictivo sobre la tasa de natalidad. Si continúan el paro, la emancipación tardía, las dificultades de acceso a la vivienda y el subdesarrollo del Estado de bienestar, «la intensidad de la fecundidad española sería ínfima».
Estos hechos pueden influir de forma alarmante, porque la tasa de natalidad española ya es una de las más bajas de la Unión Europea, con 1,31 hijos por mujer, lo que tendrá repercusiones en el sistema de pensiones.
El estudio, a pesar de las negativas conclusiones que arroja, reseña que el proceso es reversible si se invierte en políticas familiares, de vivienda y de empleo.
El aumento del gasto social «aliviaría» la carga de las familias de origen, porque ahora tienen que «paliar las carencias de las prestaciones públicas» y además, para los autores, la inversión en los jóvenes supone una alternativa válida al aumento de la edad de jubilación y a la disminución de las pensiones como garantía sostenible al sistema de pensiones.
Parece por tanto evidente, la necesaria intervención ante tan contundente diagnóstico de la realidad juvenil en nuestro país.