Hace muy pocos días que hemos asistido perplejos a una decisión que ha puesto en jaque a una de las más avanzadas democracias del mundo. Me refiero a la derogación del aborto en Estados Unidos, fruto -una vez más- del contenido ideológico mayoritario que quienes conforman un Tribunal de Justicia. Todo parece indicar que, en los próximos días asistiremos de nuevo a una situación parecida con respecto a la obligatoriedad de controlar y regular las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las empresas de aquel país, con el duro mazazo que esto supondría para todo el historial de contienda contra el cambio climático en el mundo, máxime cuando las evidencias y los efectos son absolutamente innegables en todo el mundo, con el incremento de la temperatura media del planeta y todo lo que de nocivo trae consigo este fenómeno universal.
En nuestro país llevamos varios años pendientes de la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde finales del año 2018. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional que depende del primero y que no contempla renovaciones pues el nuevo régimen que la Ley Orgánica 4/2021 establece que cuando el Consejo General del Poder Judicial está en funciones no contempla la facultad de nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Esto, ha sido pasto de los continuos enfrentamientos entre los dos principales partidos de nuestro país y parece que, finalmente, el Gobierno de Sánchez ha impulsado las reformas necesarias para que esto pueda estar resuelto en poco tiempo, a buen seguro por el tirón de orejas que se ha recibido de la Comisión Europea.
Con todo esto, y a lo que quiero llegar, es que la historia y los hechos han demostrado (Los ejemplos son clarificadores) que el poder judicial debe ser absolutamente independiente con respecto al poder político. Es lo que demanda la ciudadanía y es lo que, en mi opinión, exige el contexto actual y la consolidación de la democracia como garante de la igualdad de derechos y libertades. Sería un notable avance que contribuye a acortar la distancia que existe entre la clase política y la ciudadanía, y especialmente para garantizar esa independencia necesaria, fuera del control institucional que no ponga en peligro nuestros derechos y libertades, en función de la ideología o posicionamiento político mayoritario en el seno de estas instituciones.
Un reto complejo, al que no debemos renunciar.
Fotografía: The Citizen