Cada vez que se inicia el curso escolar y vivo intensamente en la familia la reincorporación de los más pequeños, especialmente los aspectos organizativos y preparatorios no puedo evitar regresar al pasado, a la época en la que yo también asistía al colegio y me resulta ineludible acudir a la comparación. Aunque sea consciente de que las comparaciones son odiosas no dejo de sorprenderme de las enormes diferencias que existen entre aquellos años en los que yo iba a EGB, y la época actual, especialmente en cuanto a exigencias y en cuanto al coste económico que supone para las familias, tanto que a raíz de la crisis económica hay quien no puede abordarlos, e incluso a niveles de enseñanza superior hay quien no podrá estudiar, sencillamente porque no tiene medios económicos para ello.
Este país, especialista en reformas y leyes educativas, sigue sin dar respuesta a muchos de los problemas educativos que venimos arrastrando en los últimos 20 años, y de un modo concreto sigue siendo permisivo con el incumplimiento permanente del artículo 27.4 de la Constitución Española dice textualmente «La enseñanza básica es obligatoria y gratuita», lo que sin duda genera desigualdad entre la ciudadanía. Cuestiones como la plena gratuidad de libros o de material escolar siguen siendo asignaturas pendientes en un país, sometido a continuas turbulencias legislativas que acaba -en mi humilde opinión- fracturando un sistema educativo público con el que se han -nos hemos- formado millones de ciudadanos y que con todos mis respetos sigue siendo pobre en muchos aspectos.
Me siento tremendamente privilegiado por disponer de un empleo, del mismo modo que me siento a gusto con contribuir con mis impuestos y con mis cotizaciones a mantener buena parte del sistema público que nos permite aún disponer de algunos servicios públicos, aunque al paso que vamos no sé yo si finalmente será sostenible o viable, según se mire la cuestión desde el punto de vista social o económico.
Ahora bien, me siento discriminado y marginado, cuando esa contribución solidaria y obligatoria sirve para que otros conciudadanos, amparados en el camuflaje, en el fraude y en el engaño público, acaban siendo benefactores de ciertos privilegios a los que no nos está permitido acceder a muchos, sencillamente por cumplir con nuestra obligación como contribuyentes.